Crisis, autoempleo y economía sumergida

Una imagen que refleja una crisis. Se trata de un panel de anuncios de una tienda cualquiera del centro de Valladolid. Como se puede ver los carteles desbordan el panel de corcho, siendo muchos de ellos, anuncios de particulares que ofrecen sus servicios a modo de autoempleo. Profesores de inglés, física, música, cuidadores de personas mayores, pequeños arreglos domésticos, etc.

Todas estas personas podrían ser perfectamente empresarios-autónomos. Tienen su negocio, sus clientes, sus vías de promoción, sus problemas y quehaceres diarios. En muchos casos son personas que buscan crearse su propio trabajo en un mercado laboral que hasta ahora les ha cerrado otras salidas. En todos los aspectos son emprendedores. Por desgracia se ven obligadas a operar en un mercado negro paralelo, y no precisamente por gusto. Lamentablemente el sistema no tiene cabida para ellos.

Y es que uno de los mayores costes de un trabajador autónomo es su cuota de la seguridad social. Una vez dado de alta, el empresario-autónomo debe fijarse un (ficticio) salario mensual, del que saldrá una cantidad fija de dinero que religiosamente abonara todos los meses a la Seguridad y Social. Y que por supuesto, no guarda relación alguna con sus beneficios (o pérdidas) reales.

Para hacernos una idea. Una persona, que cotice por la base mínima, acogida a incapacidad temporal y con cese de actividad deberá abonar todos los meses alrededor de 250 euros. Demasiado para un profesional que en muchos casos no va alcanzar una media de 1.000 euros.

Y es una pena porque si el sistema previera cuotas reducidas, aunque solo fuera para los casos de autoempleo (o microempresas), podría emerger mucha de esta economía sumergida. Estos profesionales podrían operar en un marco con mayor seguridad jurídica, y de seguro, el Estado se beneficiaría de unos ingresos mayores de los que ahora percibe.   

Nota: Imágenes propias.