Una imagen que refleja una crisis. Se
trata de un panel de anuncios de una tienda cualquiera del centro de
Valladolid. Como se puede ver los carteles desbordan el panel de corcho, siendo
muchos de ellos, anuncios de particulares que ofrecen sus servicios a modo de
autoempleo. Profesores de inglés, física, música, cuidadores de personas
mayores, pequeños arreglos domésticos, etc.
Todas estas personas podrían ser
perfectamente empresarios-autónomos. Tienen su negocio, sus clientes, sus vías
de promoción, sus problemas y quehaceres diarios. En muchos casos son personas
que buscan crearse su propio trabajo en un mercado laboral que hasta ahora les
ha cerrado otras salidas. En todos los aspectos son emprendedores. Por
desgracia se ven obligadas a operar en un mercado negro paralelo, y no
precisamente por gusto. Lamentablemente el sistema no tiene cabida para ellos.
Y es que uno de los mayores costes de
un trabajador autónomo es su cuota de la seguridad social. Una
vez dado de alta, el empresario-autónomo debe fijarse un (ficticio) salario
mensual, del que saldrá una cantidad fija de dinero que religiosamente abonara
todos los meses a la Seguridad y Social. Y que por supuesto, no guarda relación
alguna con sus beneficios (o pérdidas) reales.
Para
hacernos una idea. Una persona, que cotice por la base mínima, acogida a
incapacidad temporal y con cese de actividad deberá abonar todos los meses alrededor
de 250 euros. Demasiado para un profesional que en muchos casos no va alcanzar
una media de 1.000 euros.
Y
es una pena porque si el sistema previera cuotas reducidas, aunque solo fuera
para los casos de autoempleo (o microempresas), podría emerger mucha de esta
economía sumergida. Estos profesionales podrían operar en un marco con mayor
seguridad jurídica, y de seguro, el Estado se beneficiaría de unos ingresos
mayores de los que ahora percibe.
Nota: Imágenes propias.
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