Desde la propia Unión
Europea, pasando por las Cámaras del Gobierno, las Comunidades Autónomas, los
Ayuntamientos o las Diputaciones, nos encontramos en un mundo en el que lo
público tiene una fuerte presencia en nuestras vidas.
La consecuencia es
que muchos de estos organismos, además de sus propias y legítimas competencias,
tienden a vivir en un permanente estado de “hiperactividad” legislativa. A fin
de cuentas, su interminable producción de normas y leyes, es una forma de justificar
su existencia y la excusa perfecta para demandar mayores dotaciones
presupuestarias.
El problema es que
los ciudadanos somos al final paganos de esta ceremonia de la confusión. Por
ejemplo. España es el
país de la Unión Europea a 27 en el que más tiempo se tarda en cumplir con los
trámites y procedimientos necesarios para poder abrir una empresa: 47 días,
según datos del Banco Mundial en su informe anual (Doing Business) Y es que en el
caso español la situación no ha mejorado nada desde el año 2006.
Esto se da porque nos
encontramos con un marco legal terriblemente difuso, con legislación nacional,
autonómica y local, a menudo ambigua y contradictoria. Y es que incluso cuando
el emprendedor se puede permitir dedicar un gran esfuerzo, en tiempo y dinero,
para entender la reglamentación y encajar su negocio al marco legal se
encuentran con que la institución de turno puede realizar una interpretación
distinta de la normativa.
A la luz de estos
datos no resultas sorprende que en marzo de 2011 hubiera una media de 3.089.588 personas registradas
en el Régimen Especial de Trabajadores autónomos según los datos de “Afiliados
ocupados a la Seguridad Social”. Es decir 96.412 autónomos menos que
funcionarios en alguna de las administraciones o empresas públicas. Y es qué
¿quién quiere ser emprendedor?
Nota: Imagen con derechos
Creative Commons. Autor freshwater2006
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